VOX denuncia la imposición obligatoria de la baliza V-16 y exige la dimisión de Marlaska

El diputado de VOX por Valencia, Ignacio Gil Lázaro, ha intervenido en comisión de Interior del Congreso tras la comparecencia del ministro del Interior para denunciar “la mentira reiterada, el oscurantismo y las graves sospechas” que rodean la imposición obligatoria de la baliza V-16 a los conductores españoles. Durante su intervención, Gil Lázaro ha acusado al ministro de faltar a la verdad al citar una proposición no de ley de VOX debatida en la Comisión de Seguridad Vial. Según ha explicado, aquella iniciativa “limitaba estrictamente el uso de este dispositivo a operarios de auxilio en carretera y mantenimiento”, y “en ningún caso proponía extender su obligatoriedad a los vehículos particulares”. El diputado ha reprochado al ministro su “memoria selectiva” y ha recordado lo que ha calificado como “hito repugnante” de la presente legislatura: que “por primera vez en la historia democrática de España el director adjunto operativo de la Policía sea un presunto agresor sexual”. Gil Lázaro ha reiterado que el ministro debería haber dimitido “por una mínima decencia política”, al tratarse de un alto cargo nombrado y respaldado personalmente por él. Asimismo, ha denunciado que el Ministerio del Interior “se ha convertido en el ministerio de los escándalos”, enumerando, entre otros, el caso de las mascarillas, el caso Pérez de los Cobos y “el intento de utilizar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para controlar el estado de opinión en redes sociales durante la pandemia”. España, único país de la UE con la baliza obligatoria Entrando en el fondo del asunto, Gil Lázaro ha subrayado que España es el único país de la Unión Europea que ha impuesto la obligatoriedad de la baliza V-16 a todos los conductores. “Si realmente fuese el sistema idóneo, su implantación habría sido generalizada en toda la Unión Europea”, ha señalado. El diputado ha denunciado además que el Gobierno no notificó adecuadamente esta exigencia técnica a la Comisión Europea, lo que podría vulnerar la Directiva 2015/1535 y constituir una restricción del comercio en el mercado interior. En este sentido, ha advertido de que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea establece que los órganos jurisdiccionales nacionales deben abstenerse de aplicar reglamentaciones técnicas no notificadas, lo que podría afectar a la legalidad de las sanciones impuestas a los conductores. VOX alerta también de que esta “chapuza legislativa” podría acarrear una multa millonaria a España, cuyo coste “terminarían pagando todos los españoles”.